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En el caso de las personas validadoras, tener discapacidad intelectual o del desarrollo no es un obstáculo para trabajar, sino una ventaja.
El avance y expansión de los derechos de las personas con discapacidad o en situación de dependencia lleva aparejado un efecto secundario de lo más positivo. Conforme este sector de la población ve reconocido su derecho a recibir prestaciones y servicios asistenciales, van surgiendo nuevas profesiones y generándose nuevos puestos de trabajo para cubrir esta demanda.
Además, se trata de “un nicho de ocupación óptimo para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo: personas mayores de 50 años, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión”, tal y como reconoce el estudio ‘La Economía Social y la atención a la dependencia’, elaborado por la Fundación Alternativas.
Otra ventaja es que se trata de un sector económico que no permite la deslocalización, pues los servicios han de prestarse de forma presencial en el territorio donde se genera la demanda. Esta característica cobra suma importancia en la España vaciada, pues la creación de empleo en el medio rural fija población.
Por ejemplo, en el caso de Aragón, un vasto territorio que multiplica por seis la superficie de la Comunidad de Madrid, su población de solo 1,3 millones se distribuye de forma muy irregular. Más de la mitad de sus habitantes (800.000) se concentra en el área metropolitana de Zaragoza, mientras buena parte de sus comarcas son un auténtico desierto demográfico.
En una comunidad autónoma con poco más de 600.000 personas cotizando a la Seguridad Social, el sector de atención a la discapacidad y la dependencia ocupa a 14.000 personas en residencias de mayores, centros de día, la ayuda a domicilio y la teleasistencia, según datos de UGT Aragón. Unos empleos que permiten a los miles de personas que requieren este tipo de atención, y a sus familias, seguir viviendo en sus pueblos, sin tener que mudarse a zonas urbanas para poder recibirlos; y que, por otro lado, han permitido a quienes brindan estos servicios no tener que abandonar el medio rural para poder ganarse la vida.
Algo similar al efecto que hace casi dos décadas empezó provocar la entrada en vigor de la ley de dependencia podría producirse con el reconocimiento, consolidación y avance del derecho a la accesibilidad universal y, especialmente, con la incorporación al mismo del concepto de accesibilidad cognitiva. Un posible nicho de empleo en el que, al contrario de lo que ocurre en el resto del mercado de trabajo, tener discapacidad intelectual y del desarrollo no tendría por qué suponer un obstáculo para la inserción laboral, sino una ventaja competitiva.
“Tener dificultades de comprensión es un rasgo imprescindible para el perfil profesional de las personas validadoras de accesibilidad cognitiva porque son las que dan legitimidad al proceso de adaptación”, explica Elisa Barrera, coordinadora del servicio de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Aragón, denominado Creando Espacios Accesibles. “Este perfil profesional requiere de unas características y una capacitación en las que los equipos de la Red de Accesibilidad de Plena inclusión Aragón llevamos años trabajando. En nuestra comunidad autónoma contamos con más de medio centenar de personas validadoras formadas que podrían asumir el reto de profesionalizar este rol”, agrega. En este momento, la Red de Accesibilidad de Plena inclusión Aragón está formada por los equipos de Adispaz, Amibil, Atadi, Kairós y Valentia, además del de la propia federación.
Precisamente, para avanzar en la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de una herramienta como la accesibilidad cognitiva, Plena inclusión Aragón tiene suscrito un acuerdo de patrocinio con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). La colaboración con este organismo público autonómico se centra en la capacitación especializada como vía de mejora de la tasa de ocupación y la categoría laboral de estas personas, mediante el desarrollo de un itinerario formativo en accesibilidad cognitiva que certifique y ponga en valor el trabajo de los validadores que intervienen en la mecánica de adaptación a lectura fácil que describe la norma española experimental UNE 153101 EX.
Paola Picazo es una trabajadora del ITA con síndrome de Down que, además, es voluntaria como validadora de lectura fácil de Creando Espacios Accesibles. Picazo cree que convertir la figura del validador en una categoría profesional sería “una buena oportunidad para crear empleo para las personas con discapacidad intelectual”. Y, a la vez, supondría “un gran servicio para la sociedad”, pues contribuiría a normalizar y expandir la accesibilidad cognitiva.
“El potencial de la accesibilidad cognitiva como generadora de empleos para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es enorme. Pero la realidad es que, de momento, se queda en eso, en el potencial”, lamenta Verónica Abadía, técnica de empleo de Plena inclusión Argón. “Para que pase a ser real, las administraciones públicas deberían tirar del carro y dar ejemplo, y con ello conseguirían arrastrar también al sector privado”, opina.
Abadía sostiene que “si las instituciones públicas quieren cumplir la ley de accesibilidad universal, deberían empezar a contar con ellas como validadoras de accesibilidad cognitiva, contratando sus servicios. Porque, hasta ahora, las pocas que lo hacen, casi siempre plantean esta colaboración desde el voluntariado”. Además, opina que “su contratación no supondría tanto gasto para las arcas públicas, porque se compensaría. Las personas que accedieran a estos empleos dejarían de ser perceptoras de prestaciones y subsidios que hoy en día son necesarios, precisamente, por las dificultades de acceso de este colectivo al mercado laboral ordinario. Y pasarían a cotizar y a convertirse en nuevas contribuyentes”.
