El 18 de mayo, dos semanas antes del inesperado anuncio de elecciones para el 23 de julio, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, recibió a la revista VOCES en su despacho del Ministerio de Derechos Sociales. Esto quiere decir que las preguntas y las respuestas de esta entrevista se hicieron sin conocer la decisión de disolver el Parlamento y la consiguiente paralización del proceso legislativo. Bezunartea ha sido la principal impulsora de la Ley de Familias, una norma que se hallaba entre las consensuadas por el Gobierno de coalición para ser aprobadas en esta legislatura, siendo esta la ley que afecta más a las demandas del movimiento de familias de personas con discapacidad intelectual.
¿Cómo surge la necesidad de aprobar esta ley? La Ley de familias se recogía como una de las normas que debían ser aprobadas en esta Legislatura en el acuerdo del Gobierno de coalición. Y la primera reflexión que nos hicimos desde el Ministerio de Derechos Sociales fue ¿por qué se ha tardado tanto en aprobar una ley dirigida a las familias? Razones no faltan. Somos el segundo país de la Unión Europea que menos presupuesto dedica a la infancia y a la familia. Destinamos un punto menos de la media comunitaria a este fin. Este dato habla de una falta histórica de protección a la familia.
Y a partir de esta constatación ¿cómo procedieron? Trabajamos durante año y medio con la OCDE y con la Comisión Europea para producir un informe sobre la situación de las familias en España que se ha plasmado en un Libro Blanco. Este documento hace un diagnóstico de cómo estamos y nos compara con el estado de protección de las familias en otros países de nuestro entorno. A partir de este análisis de la realidad pudimos orientar las prioridades de una ley muy esperada y reclamada por la sociedad civil organizada. De hecho, resulta sorprendente que esta sea la primera ley de protección integral a la familia de la historia de la democracia, a todas las familias, porque sí de aprobó una norma centrada en la protección exclusiva a las familias numerosas
¿Está satisfecha con el resultado del proceso? Sí lo estoy porque hay que reconocer un avance cualitativo muy importante. Soy consciente que la ley tiene aspectos en los que no hemos podido llegar tan lejos como nos gustarías. De todos modos, espero que en la tramitación parlamentaria mejore. La realidad nos enfrenta con una sociedad diversa, donde hay intereses contrapuestos que te lleva, necesariamente, a consensuar cada paso con muchos agentes: sociedad civil, otras administraciones públicas con competencias exclusivas en algunos de los temas que aborda, y otros ministerios. Además, están los límites presupuestarios.
¿Qué medidas de la Ley de Familias destacaría por su impacto en la vida de las familias que tienen a personas con discapacidad intelectual? Hay una medida muy relevante y que recoge casi al pie de la letra lo que dice la Convención de la ONU y es el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia y a recibir los apoyos que necesiten, desde las administraciones públicas, para desarrollar su propio proyecto vital. Y en cuanto a las medidas concretas, yo destacaría el derecho subjetivo a la atención temprana. Me parece una medida muy necesaria. También que se reconozcan las especiales dificultades, incluidos los sobrecostes generados por servicios imprescindibles, de familias que tienen entre sus miembros a personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo. Creo positivo el aumento de las medidas generales que afectan a todas las familias y también a las familias de personas con discapacidad. Pero, ante todo, queremos que esta ley nazca de un consenso generalizado porque entendemos que una buena parte del bienestar de la sociedad depende cómo están nuestras familias.
Y de cara al futuro ¿cómo entiende que debe garantizarse el apoyo del Gobierno, sea del signo que sea, para los derechos que se defienden desde esta ley? Hay leyes como esta que, gobierne quien gobierne, deben existir para que los derechos de las familias tengan el apoyo público necesario. Insisto en que tenemos un retraso importante, respecto a los países de nuestro entorno, en la financiación y concreción de un sistema de apoyo a las familias y a la infancia que más lo necesita. Tenemos el reto diseñar sistemas de protección para toda la diversidad de colectivos familiares que existen. Esta ley responde a una deuda histórica con las familias, también con las que tienen personas con discapacidad. Por ello, en mi opinión, no podemos defraudar las expectativas generadas.
