La contratación pública desempeña un papel fundamental en la economía española, ya que representa alrededor del 20% del PIB. En los últimos años, la regulación jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para cumplir con las exigencias del Derecho europeo.
La actual Ley de contratos recoge la obligatoriedad de que las administraciones públicas establezcan un porcentaje determinado de contratos como reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Con esta fórmula, cada vez que un ente público adjudica un contrato está produciendo un considerable impacto en el mercado y el entorno. Es decir, la Administración no gasta más, gasta mejor. Hablamos de compra pública socialmente responsable: incrementan la rentabilidad de la inversión pública para la consecución de objetivos sociales, como la generación de empleo para los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.
A través de la adjudicación de contratos reservados, la Administración dispone de un gran instrumento para implementar políticas que inciden directamente en la generación de empleo para las personas con discapacidad, especialmente a aquellas con más necesidades de apoyo, el mantenimiento de unas condiciones laborales dignas, el apoyo a iniciativas de la economía social y la promoción de la igualdad de oportunidades.
Pero la realidad es que, a pesar de las oportunidades que ofrece la contratación pública, en la práctica estamos muy lejos de aprovechar este potencial, ya que en el ámbito autonómico, regional y local nos encontramos aun con muchas dificultades y retos. Los contratos reservados son hoy en día una herramienta todavía escasamente utilizada y los órganos de contratación siguen sin prestar a este tipo de contratos la relevancia que merecen dada la función social que conllevan.
Por ello, desde AEDIS y el movimiento social de Plena inclusión tenemos que trabajar para que las administraciones apuesten por el contrato reservado a CEE (Centros Especiales de Empleo) de iniciativa social como fórmula para facilitar el empleo y la inclusión social de las personas con discapacidad a través de la contratación pública, porque la realidad es que actualmente nuestros CEE firman casi el 60% de todos los contratos específicos realizados a las personas con discapacidad, conformando uno de los pilares del empleo del colectivo.
Desde nuestras organizaciones y empresas tenemos que convencer al personal técnico y a los responsables políticos que integran los órganos responsables de la contratación pública en las corporaciones locales, mancomunidades de municipios, organismos autónomos y empresas municipales para que apuesten por esta fórmula y adquieran un compromiso con el empleo de las personas con discapacidad intelectual. Esto requiere por nuestra parte de un esfuerzo activo en diversos ámbitos, como la orientación y formación, facilitar modelos de pliegos, ejemplos de contratos con éxito…
En definitiva, tenemos aún mucha labor pedagógica, de concienciación y de compromiso hacia esta modalidad de contratación para nuestros CEE. La legislación nos abrió una gran puerta y tenemos que hacer un enorme esfuerzo por aprovecharla para generar más y mejores oportunidades laborales para el colectivo de las personas con discapacidad.
