Este lunes, 17 de junio
se han reunido en Madrid
un nutrido grupo de expertos
sobre el acceso a la Justicia
de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo
de 3 continentes.
Este encuentro forma parte
del proyecto Enable.
Enable es una iniciativa
de formación e incidencia política
en la que han participado
organizaciones de 8 países europeos
y que está cofinanciada con fondos
de la Unión Europea.
Plena inclusión España
y Validity han estado al frente
de la organización de una jornada
en la que se pudieron escuchar
las voces de juristas, académicos
y de personas con discapacidad intelectual
que han experimentado la vulneración
de sus derechos por parte de
policías, jueces, abogados y fiscales.
Invisibilidad
En los casos descritos
las personas con discapacidad
se enfrentaron al desconocimiento
de su realidad por parte
de los diferentes operadores jurídicos.
Se escucharon testimonios
como los de Eduardo Suárez,
que sufrió una detención violenta
por un delito que no sabía que había cometido.
El resto de su proceso judicial
no fue mejor ya que su abogado
tomó decisiones que terminaron perjudicándole
hasta el punto que el fiscal solicitó
una condena de 21 años de cárcel.
En ningún momento del proceso
se tuvo en consideración que
se trataba de una persona con
discapacidad intelectual o que tenía
serias dificultades para comprender
las preguntas que le hacía el juez,
así como para entender lo que sucedía.
Tras cumplir casi 4 años de condena,
Eduardo recomienda a todas las personas
con discapacidad que pasen
por situaciones parecidas,
que se asesoren bien y que demanden
los ajustes necesarios.
Ahora, Eduardo da formaciones
a otras personas con discapacidad
y siente que vale la pena seguir peleando
para que nadie pase por lo que él ha pasado.
En la jornada también se
escucharon otros casos similares
como los de Nicolás García
o el de Tanya Petkova.
Tanya es, una mujer con discapacidad
que fue víctima de un delito y superviviente
de un proceso terrible de institucionalización.
Ella ha aportado un testimonio desgarrador
sobre su experiencia, en la que nunca contó
con las adaptaciones o los apoyos que necesitaba.
En todos los testimonios compartidos
se repite la impotencia de las personas
con discapacidad intelectual
y de las organizaciones que les apoyan
ante la falta de sensibilidad de
muchos jueces, abogados y fiscales
ante la situación de estas personas.
Sonia Bermejo, de Plena inclusión España
comentó que los ajustes de procedimiento
se van extendiendo aquí gracias
a los avances en la legislación.
Entre ellos destacan las adaptaciones
en todas las fases procesales y también
la incorporación de la figura del facilitador judicial.
Estos avances suponen un marco normativo
cada vez más inclusivo en un sistema judicial
que todavía pone muchas barreras
a las personas con discapacidad
o problemas de salud mental.
La clave para minimizar estas barreras
es la personalización
viendo cada caso como único.
Las personas con discapacidad intelectual
deben ser escuchadas y su opinión recogida.
Accede a los videos de la Jornada:
Primera parte
Segunda parte
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