La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha presentado un informe que aborda la realidad de las esterilizaciones forzadas de mujeres y niñas con discapacidad en España y Europa.
Según la entidad, se trata de una práctica que además de vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina con discapacidad, “atenta contra sus derechos civiles y políticos”. El documento ha sido elaborado en colaboración con el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y consta de una parte común sobre toda Europa y otra específica sobre el Estado español.
El encuentro que tuvo lugar el pasado día 6 de febrero en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, contó con la presencia de Ana Peláez, vicepresidenta de la Fundación Cermi Mujeres y vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad; Isabel Caballero, coordinadora de la FCM, y Catalina Devandas, relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, contó con el testimonio de Almudena Martín, mujer con discapacidad intelectual de Plena inclusión Aragón, quien explicó su experiencia como madre, "es un niño más maduro porque sabe que su madre necesita apoyo. ¿Por qué una mujer va a renunciar a ser madre? Mi hijo me da vida".
Plena inclusión se sumó en la denuncia final del acto con la intervención del Director de Plena inclusión, Enrique Galván, quien afirmó que “ya es hora de abrir los cuartos oscuros donde estas injusticias se perpetran, y acabar con la vulneración de derechos que supone la esterilización sin consentimiento de las mujeres y niñas con discapacidad”.
El posicionamiento de Plena inclusión sobre Sexualidad dice claramente que "Atender, educar y prestar apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es una cuestión de Ética, Calidad de Vida y de Salud". Y señala como grandes principios éticos, el pricipio de autonomía: La capacidad de la persona para tomar decisiones, para darse normas, sin presiones ya sean externas o internas, el principio de beneficencia: La obligación de “actuar en beneficio del otro” el principio de no maleficencia: evitar acciones que puedan perjudicar o causar daño a otra persona pero también a sí misma y el de justicia: tratar de eliminar las desigualdades.
La esterilización forzosa, o sin su consentimiento, vulnera todos los principios éticos y es una vulneración flagante de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual.