- El Tribunal Supremo ha dictado sentencia favorable al mantenimiento de las subvenciones estatales a programas desarrollados por las ONG de acción social a través del IRPF, de los que se benefician 6 millones de personas en riesgo de exclusión.
- Plena inclusión ha defendido este sistema como el único capaz de garantizar los niveles de inclusión, bienestar y equidad de las más de 40.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familias atendidas por nuestra organización.
La Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó la Generatitat de Catalunya contra el Real Decreto 536/2013 (de 12 de julio) que regula las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación del IRPF. De este modo, este órgano reconoce la validez de este modelo estatal de financiación que ha sido defendido por las organizaciones sociales articuladas en torno a la Plataforma del Tercer Sector, entre las que se incluyen las de la discapacidad, como Plena inclusión.
Gracias a este modelo de financiación, 6 millones de personas en riesgo de exclusión en toda España pueden tener una mayor calidad de vida. Entre ellas las más de 40.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias que van a ser apoyadas este año 2016 por las organizaciones de Plena inclusión a través de programas de ciudadanía, inserción sociolaboral, envejecimiento activo, exclusión social, voluntariado, atención a personas reclusas y ex reclusas, apoyo y respiro a familias.
El presidente de Plena inclusión, Santiago López Noguera, ha trasladado su felicitación a las entidades que forman parte de Plena inclusión y del resto del Tercer Sector, por la permanencia de la que considera “una de las mayores estrategias de reequilibrio de las políticas sociales de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, que pese a la crisis nos ha permitido avanzar en niveles de igualdad y bienestar, poniendo el foco en aquellas personas en riesgo de exclusión social”. López Noguera añade que “debemos alegrarnos de que se pueda seguir escuchando y respetando la voz de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que sus familias tengan competencias para poder afrontar sus situaciones particulares, que se atiende a los ciudadanos olvidados: personas con trastornos de salud mental asociados a su discapacidad intelectual, personas reclusas y ex reclusas, y otras en situaciones de doble exclusión; que se forma a personas voluntarias; y en definitiva, que en todos los ámbitos se pueda seguir promoviendo la inclusión de nuestro colectivo de forma igualitaria en todo el Estado”.