Mª Ángeles Alcedo es profesora
en la Universidad de Oviedo,
Doctora en Psicología y experta en discapacidad.
Ha investigado sobre Discapacidad
y Evaluación Psicológica,
y ha publicado muchos artículos sobre este tema.
Es experta en calidad de vida de las personas
con discapacidad y violencia hacia mujeres
con discapacidad.
Además, colabora con Plena Inclusión Asturias
en distintas iniciativas y proyectos.
Iniciamos una serie de conversaciones con ella
sobre el acceso a la Salud de las mujeres
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Nos dice que en los últimos años
los avances médicos y científicos
han aumentado la calidad de vida
de todas las personas.
También de las personas con discapacidad.
Sin embargo hay estudios que dicen
que a veces cuando las personas con discapacidad
mueren antes, es porque no pueden cuidar su salud
como el resto de personas.
El artículos 25 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de su salud sin discriminación.
Sin embargo estas mujeres siguen discriminadas
sobre todo el su salud sexual y reproductiva.
Van menos al ginecólogo y se hacen menos pruebas.
Tampoco reciben información sobre higiene,
menstruación y prevención del embarazo.
A veces las esterilizan sin su consentimiento.
Tampoco tienen información
sobre planificación familiar.
Un reciente “Informe sobre derechos humanos
de las mujeres y niñas con discapacidad” (2019)
recopila las vulneraciones de derechos.
Recomiendo su lectura.
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Ante todo, gracias, Ángeles por concedernos esta entrevista. Recientemente participaste en un Diálogo online sobre “Salud, derecho a la salud y mujeres con discapacidad”, una de las actividades del proyecto Promotoras de Salud de Plena inclusión. En tu opinión ¿en qué punto está el acceso de la mujer con discapacidad intelectual a la salud y a los recursos de salud? ¿Dónde están los puntos críticos? ¿Y los avances?
En estas últimas décadas, los desarrollos científicos y médicos han generado grandes avances ante determinadas enfermedades, que han mejorado la calidad de vida de toda la población, personas con discapacidad incluidas (por ejemplo, en el control de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mejora de los hábitos alimenticios). Las personas con discapacidad intelectual también se han beneficiado de estos progresos y su salud física ha mejorado notablemente, lo que se traduce en un aumento significativo de su esperanza de vida. Sin embargo, también contamos con estudios que demuestran que, en ocasiones, el fallecimiento prematuro de las personas con discapacidad intelectual puede estar relacionado con un abordaje inadecuado de sus problemas de salud, por ejemplo, por no realizar revisiones médicas rutinarias o no participar en actividades de promoción y prevención de la salud (Health Quality Improvement Partnership, 2017).
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), en su artículo 25, recoge que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Los Estados Parte que firmaron esta Convención, España entre ellos, planteaban que se adoptarían las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Es más, se abogaba por proporcionar programas de atención a la salud asequibles, de la misma variedad y calidad que los proporcionados a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
Es precisamente en este ámbito específico de la salud donde las mujeres con discapacidad intelectual sufren más discriminación y segregación. Así, las barreras en todo lo relativo a su salud ginecológica son múltiples. Se les realizan menos pruebas diagnósticas y, por tanto, están expuestas a padecer más trastornos ginecológicos. Además, no reciben una adecuada información sobre menstruación, higiene, hábitos sexuales saludables y prevención de embarazos no deseados. A lo anterior se añade el no permitirles opinar, y menos aún tomar decisiones, sobre su salud sexual y reproductiva, siendo expuestas a prácticas tan crueles y nocivas como la anticoncepción o esterilización forzada o el aborto coercitivo. Todo ello, pese que contamos con evidencias de que las mujeres con DI, cuando disponen de apoyos suficientes y adecuados, pueden evitar embarazos no deseados sin recurrir a la esterilización forzosa.
El acceso a la planificación familiar y al cuidado de la salud materna es, asimismo, inexistente. El reciente “Informe sobre derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad” (2020) recopila las vulneraciones de derechos que sufrieron en 2019 las mujeres y niñas con discapacidad y visibiliza la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en España, con especial atención al tema del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios de salud mental, la violencia machista y las prácticas nocivas que reciben estas personas y sus consecuencias para la salud.
Invito al lector a su lectura, pues obtendrá información exhaustiva y contrastada sobre estos temas que estamos comentando.