La tecnología no es accesible
para muchas personas.
Cientos de miles de
personas con discapacidad intelectual
no pueden acceder a derechos básicos
porque se enfrentan a lo que llamamos
la brecha digital.
Y con el fin de paliar esta brecha
Plena inclusión ha formado a 243 personas
con discapacidad intelectual
sobre competencias digitales.
Esta actividad de capacitación
forma parte del proyecto europeo
Transformación Digital para la Inclusión.
En él participan 8 federaciones
de Plena inclusión en otras tantas
comunidades autónomas.
También participa la asociación Liber
que apoya a personas
con discapacidad intelectual
en la toma de decisiones.
Este proyecto es una iniciativa
financiada con los Fondos Europeos
Next Generation,
coordinada por
Intervento Gastroenterologico
Testo aggiuntivo sull’intervento gastrointestinale.de Derechos Sociales y Agenda 2030
y enmarcada en el Plan de Recuperación
y Resiliencia del Gobierno Español.
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“La brecha tecnológica condena a las personas con discapacidad intelectual a ser ciudadanas de segunda clase”
Plena inclusión forma a 243 personas en 8 CCAA sobre competencias digitales generan alternativas para superar la brecha digital
Transformación Digital para la Inclusión, un proyecto Next Generation que extiende medidas que favorecen el acceso a otros derechos básicos para miles de personas con discapacidad intelectual
Las barreras que levanta la ausencia de accesibilidad de dispositivos y programas impiden a estas personas disfrutar de derechos fundamentales como el empleo, la salud o el ocio
Madrid, 17 de octubre de 2023.- “La tecnología es hoy en día uno de los frenos más importantes que impiden a miles de personas con discapacidad intelectual (y también a otras muchas con dificultades de comprensión) participar, igual que el resto de la ciudadanía, de derechos fundamentales como el empleo, la salud o el ocio, asegura Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
La confederación que agrupa a 950 asociaciones de toda Españas que tienen como objetivo apoyar a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias, combina la denuncia de esta injusticia con la búsqueda de soluciones. Por ello, desde hace meses se embarcó en el proyecto europeo ‘Transformación Digital para la Inclusión’, en el que participan federaciones de 8 CCAA, además de la asociación Liber, organización de agrupa a entidades de apoyo a personas con discapacidad intelectual en la toma de decisiones, y que tiene por objeto movilizar a la sociedad, mediante diferentes estrategias, para revertir un fenómeno que cada vez mina en mayor medida las oportunidades de estas personas para acceder a los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
CAPACITACIÓN A 243 PERSONAS
En este mismo mes se han desarrollado cursos presenciales de Adquisición de Competencias Digitales dirigidos a personas con discapacidad intelectual del desarrollo. Estas jornadas de capacitación básica se han impartido en: Canarias (dos en Tenerife, uno en La Palma y uno en Gran Canaria), Andalucía (uno en Sevilla y uno en Granada), Badajoz (uno en Badajoz y uno en Mérida), Castilla-La Mancha (dos en Toledo y uno en Albacete), y uno más en Aragón (Huesca).
A estos cursos hay que sumar los cuatro que se pusieron en marcha en Galicia (dos en A Coruña, uno en Santiago de Compostela y uno en Vigo) a final de septiembre. En las próximas semanas está previsto el inicio de dos nuevos cursos: uno en Zaragoza y otro en Ciudad Real. En total el proyecto promueve la realización de 18 cursos presenciales en 6 comunidades autónomas.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la financiación de la Unión Europea (vía fondos Next Generation) y se haya bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno. Se trata de una de las 13 iniciativas que Plena inclusión desarrolla hasta final del presente año, y con las se movilizan esfuerzos que tienen por objetivos las formación a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, la sensibilización para el cambio de actitudes, la capacitación a agentes públicos y comunitarios o el uso de la tecnología para promover el acceso de la personas con discapacidad al empleo o, incluso, la reducción de restricciones a personas con más necesidades de apoyo.
