La Asamblea de Madrid va a pedir al Congreso
que cambie la Ley que regula las elecciones.
Quiere que esta ley reconozca el derecho de todas las personas
a elegir a sus representantes políticos.
Ahora hay más de 100.000 personas que no pueden votar
porque están incapacitadas por un juez.
La Convención de Naciones Unidas
sobre derechos de las personas con discapacidad
dice que todas estas personas tienen derecho
a participar en la vida política.
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- Gracias al acuerdo alcanzado ayer por PSOE, Ciudadanos y Podemos, la Asamblea de Madrid va a instar al Gobierno a que cambie la Ley Orgánica de Régimen Electoral Central (LOREG) para garantizar el derecho al voto de personas que lo perdieron por causa de una incapacitación, gran parte de ellas, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
- Este cambio legislativo, acorde con la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, es una reclamación histórica de Plena inclusión dentro de su campaña “Mi Voto Cuenta”, que le llevó el pasado mes de febrero junto a CERMI y Down España, a manifestarse a las puertas del Tribunal Constitucional.
La Asamblea de Madrid será la primera en aprobar que se lleve al Congreso una proposición de Ley impulsada por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos y Podemos, para cambiar la LOREG y permitir que más de 100.000 personas incapacitadas puedan restablecer el ejercicio de su derecho al sufragio. Lo hará el próximo 22 de junio cuando esta medida se apruebe en el Pleno después de haberse gestado el acuerdo entre los citados grupos en la Comisión del Estatuto de Autonomía.
Según la Ley Electoral vigente, se retiran del censo electoral los declarados incapaces por sentencia judicial firme. Gran parte de estas personas tienen discapacidad intelectual o del desarrollo. Como organización representante de estas personas y sus familias, Plena inclusión lleva años reclamando este cambio electoral que permita separar un derecho fundamental como es el del sufragio, de otras esferas de la vida como la gestión patrimonial, etc. Algo que muchas sentencias de incapacitación aún no contemplan.
El pasado mes de febrero, Plena inclusión y sus federaciones –junto a CERMI y Down España-, se manifestaron frente al Tribunal Constitucional en defensa de Mara, una joven gallega cuya petición para restablecer su derecho al voto no fue admitida a trámite por el mismo. Desde 2011, nuestra organización mantienen su campaña “Mi Voto Cuenta” con el fin de lograr que no haya ninguna persona con discapacidad intelectual que se vea privada de su derecho al voto, y también que aquellas que pueden ejercerlo, lo hagan en igualdad de condiciones que el resto, haciendo que todo el proceso electoral, programas y mensajes sean accesibles a nivel cognitivo.
Si esta medida prospera en el Congreso, daría también respuesta al artículo 29 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, que reclama el derecho a la participación en la vida política y pública para todas las personas con discapacidad.
(En la imagen: Antonio Hinojosa lee el Manifiesto por el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual durante la concentración en pasado mes de febrero ante el Tribunal Constitucional)