- La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión se reunieron con el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia, Juan Pablo Nieto y dos de sus asesores, Celia Valdivia y Javier Alemán para dar a conocer las entidades y hacerles llegar sus aportaciones al trámite de audiencia e información pública de la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.
Ambas entidades, representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y en el caso de la AEFT de aquellas con la capacidad modificada jurídicamente han trabajado en una propuesta para modificar el Código Civil según las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Tanto las organizaciones como el Ministerio de Justicia coincidieron en que esta era una reforma necesaria y apremiante, y un paso más para aproximar el ordenamiento jurídico español al modelo de provisión de apoyos que establece la Convención, texto que defiende la dignidad inherente de cada persona, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia, la plena accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
La AEFT y Plena inclusión hicieron especial hincapié en que la reforma propuesta no debe quedarse en el ámbito de la regulación de los derechos personales o patrimoniales, en el derecho procesal o en una mera modificación o adecuación terminológica, sino que debe ser una reforma de profundo calado en todos los ámbitos. Para ello proponen una serie de modificaciones, entre las que se encuentra la incorporación explícita del artículo 12.2 de la Convención, que reconoce la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El Ministerio, por su parte, quiso compartir los proyectos normativos que están impulsando y que buscan “garantizar la dignidad, la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad”, expusieron.
Ambas entidades valoran muy positivamente la disposición mostrada por el Ministerio de Justicia, que respondió de manera ágil a la solicitud de la AEFT para mantener un diálogo abierto que acerque las propuestas de esta entidad y sus demandas sociales en materia de discapacidad intelectual, derechos y apoyo a la toma de decisiones.