Celebramos una jornada sobre «La responsabilidad penal de asociaciones y fundaciones. Los procesos de cumplimiento y prevención»

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Plena inclusión, con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, ha celebrado hoy una jornada sobre «La responsabilidad penal de asociaciones y fundaciones. Los procesos de cumplimiento y prevención», en la que diversos expertos del ámbito jurídico y de entidades de Plena inclusión han ofrecido al centenar de asistentes información sobre las posibilidades de responsabilidad penal de las organizaciones por actos delictivos de empleados o directivos. Junto a ello, han dado a conocer la obligación de realizar documentos de cumplimiento para evitar estos riesgos, y de unir una cultura de calidad ética empresarial con la de las propias entidades de Plena inclusión.

La jornada se ha celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía, en Madrid, y ha contado con la presencia del Director General de Políticas de la Discapacidad (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad) Borja Fanjul, el presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández, el presidente de Plena inclusión Madrid, Mariano Casado, y el magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García.

Mariano Casado ha agradecido su participación al resto de representantes institucionales y al Consejo General de la Abogacía la acogida del acto.

Juan Manuel Fernández ha hablado de barreras que «son más difíciles de superar, que son las de la falta de sensibilidad, atención y empatía con las situaciones que tenemos delante, y que en este sentido el Foro Justicia y Discapacidad tiene como principal foco la actuación institucional el el conjunto de la sociedad civil y en los órganos legislativos para que se escuche».

Por su parte, Antonio del Moral, ha afirmado que «a una entidad jurídica -por un delito-, normalmente debe afrontar una multa que a veces puede ocasionar incluso su disolución. Con esta responsabilidad penal de las organizaciones, el legislador ha pretendido que exista la prevención en las organizaciones para evitar los delitos, pero que el gran riesgo para ellas es sobre todo reputacional». Deben establecerse medidas de control y cumplimiento (compliance), que representan un esfuerzo en la prevención de posibles delitos, y por tanto, son considerados como eximentes.

El coordinador de la Red de Juristas de Plena inclusión, Torcuato Recover, ha realizado una intervención centrada en la responsabilidad penal y los planes de calidad. Estos programas de cumplimiento «deben ir más allá y contribuir a la cultura del cumplimiento del derecho y promover la cultura ética empresarial». Nuestros sistemas de calidad se adaptarían perfectamente a este tipo de programas, únicamente deben intriducir el matiz jurídico.

Tras ello, en una mesa redonda, diferentes expertos de Plena inclusión han mostrado diferentes experiencias prácticas en el ámbito de las organizaciones de discapacidad intelectual. En la misma han intervenido el abogado José Manuel Sánchez-Cervera, y dos representantes del centro Lantegui Batuak. Junto a ellos, la representante del entorno Elisa Gutiérrez Glórez (del Grupo farmaceútico Chemo).

Las conclusiones han sido ofrecidas por Bernabé Blanco, presidente de AEDIS y miembro de la Junta Directiva de Plena inclusión, que ha señalado 4 aspectos:
1.- No hay que asustarse ante este tipo de obligaciones.
2.- La importancia de la prevención, porque puede evitarse la responsabilidad penal al haber programas de cumplimiento claros, precisos y eficaces.
3.- Tiene mucho sentido ligar estos programas a nuestro modelo de Calidad Plena.
4.- Este cumplimiento contribuirá a que nuestras entidades tengan mucha mejor imagen, sean más transparentes y a que las personas tengan mayor sentido de pertenencia.