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Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Plena inclusión solicita un acuerdo del Consejo Interterritorial que incremente la financiación a los servicios que presta

Notas de prensa | 23 Diciembre 2020

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Foto de un proyecto de ASPRONA LEÓN

- La confederación denuncia que el sistema se encuentra infrafinanciado y que no será sostenible debido al aumento de costes provocados por la COVID-19.

- El impacto de la subida del SMI y el incremento de la demanda en apoyos personales generan nuevos sobrecostes que repercuten en las debilitadas economías de las entidades.

Madrid, 23 de diciembre de 2020.- Plena inclusión estima urgente, tras la ratificación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ayer martes en el Senado, que las administraciones públicas desplieguen un Plan de Refuerzo de los servicios sociales destinados a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (parálisis cerebral, autismo y síndrome de Down). Para lograrlo, solicita un acuerdo del Consejo Interterritorial que facilite un incremento en la financiación a los servicios que prestan sus 935 entidades.

“El aumento de las transferencias a las comunidades autónomas en el capítulo de dependencia y servicios sociales se debe ver reflejado en la elevación de los precios que abonan las diferentes administraciones”, ha manifestado el director de Plena inclusión, Enrique Galván, quien saluda la aprobación de los PGE para 2021. La confederación de la discapacidad intelectual o del desarrollo con la red más amplia de servicios en España espera que este hecho permita un inmediato alivio de la situación de precariedad que viven las 935 entidades a las que agrupa y que empieza a traducirse en signos de insostenibilidad económica.

Las estimaciones de Plena inclusión señalan que se ha asumido un incremento de un 30% en sus costes como consecuencia de las urgencias que reclamaba la atención a la pandemia. El incremento de los diferentes capítulos de gasto se ha concretado en un 53 % más en gastos de personal, mientras que el desembolso en servicios generales e inversiones por transformación de espacios suponen el resto del sobrecoste registrado. La elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha supuesto otro fuerte impacto económico que, unido a una política de revisión de precios mínimos, hacen que muchas organizaciones prevean graves dificultades financieras de cara a 2021.

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Plena inclusión propone un estudio independiente que incluya los costes/plaza de los centros de titularidad pública y de los de las entidades sociales con el fin de definir una horquilla de precios adecuados que garanticen la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. De ese modo se cambiaría un modelo de financiación insuficiente que lastra a las organizaciones que desarrollan una función esencial en la sociedad española, tal y como se ha demostrado en el año 2020 en la lucha contra la pandemia.

Plena inclusión atiende en la actualidad con sus programas a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. La organización gestiona 1.016 centros residenciales (residencias o pisos tutelados) donde viven más de 17.000 personas con discapacidad. También coordina cientos de centros de día, ocupacionales o centros especiales de empleo. También se ocupa de 232 colegios de educación especial en los que se presta atención a miles de personas con discapacidad de todas las edades, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo.

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