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Plena inclusión manifiesta su preocupación por la modificación de la prestación por ‘hijo a cargo’ en la Ley del IMV y espera que se aseguren las ayudas

Noticia | 04 Junio 2020

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El texto del Real Decreto Ley que regula las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) introduce modificaciones en Ley General de la Seguridad Social con respecto a las condiciones que debe reunir una familia para percibir la prestación por hijo a cargo. Así, a partir de ahora esta ayuda pública pasa a cubrir únicamente las situaciones de menores a cargo con discapacidad igual o superior al 33%, y mayores de edad con discapacidad igual o superior al 65%.

Plena inclusión España manifiesta su preocupación sobre la situación en la que ​podría dejar a muchas familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down y otras) las modificaciones introducidas en la legislación que han entrado en vigor el pasado 1 de junio. Por ello, en el ámbito del CERMI, la plataforma estatal que agrupa a las organizaciones de la discapacidad, contribuirá a asegurar estas prestaciones que son una herramienta fundamental para compensar el sobrecoste que genera en miles de familias el apoyo a sus familiares con discapacidad

Desde la confederación se afirma que “los cambios introducidos por la Ley de la IMV sitúan a las personas con discapacidad perceptoras de esta prestación en una situación de inseguridad jurídica que puede acarrear un grave retroceso en sus derechos” por dos motivos:

El primero es que se elimina el apartado que establecía la no exigencia de límite de recursos económicos en los supuestos de hijos o menores a cargo con discapacidad. Esta supresión debería eliminarse porque permite que discrecionalmente se pueda limitar dicho acceso a la prestación en base a la capacidad económica de la persona solicitante de la ayuda.

El segundo ​es que, hasta ahora, ​había una cuantía general para menores de 18 sin discapacidad (28,41€/mes), y cuantías específicas para menores con discapacidad igual o superior al 33%​ ​(83,3€/mes), mayores con discapacidad igual o superior al 65% (395,60€/mes) y mayores con discapacidad igual o superior al 75% (593,40€/mes). 

A ​partir del 1 de junio, ​la cuantía general para menores sin discapacidad desaparece al integrarse dentro del Ingreso Mínimo Vital​ pero, también ​desaparece de forma injustificada la diferenciación de cuantías específicas para menores con discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y mayores con discapacidad igual o superior al 65%. La nueva redacción del artículo únicamente establece una cuantía general y una cuantía para mayores de edad con discapacidad igual o superior al 75%.

El Real Decreto-Ley​, a pesar de ​haber entrado en vigor el día 1 de junio​, no ​ha establecido​el importe de estas cuantías ​por lo que ahora mismo es imposible saber a cuánto va ascender la prestación por hijo a cargo en el caso de menores con discapacidad igual o superior al 33% y mayores con discapacidad igual o superior al 65% ​y no hay ninguna garantía de que se vayan a respetar los derechos adquiridos por los beneficiarios. Y todo esto sucede cuando los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados y no contemplan estas partidas ​modificadas.

Desde Plena inclusión se considera que la única fórmula para evitar un retroceso en los derechos adquiridos y una nueva discriminación contra el colectivo de las personas con discapacidad es que la nueva cuantía general se establezca en 395€/mes y la cuantía específica para supuestos de personas mayores de edad con discapacidad igual o mayor al 75% se mantenga en los 594€/mes actuales.

La prestación por hijo a cargo apoya en la actualidad a 451.585 personas.

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