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Plena inclusión denuncia las dificultades a las que se enfrenta el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual ante la falta de apoyo de las administraciones públicas

Notas de prensa | 06 Noviembre 2020

Valor:

Personas en residencia

- La Generalitat valenciana adeuda más de un millón de euros a 27 asociaciones de Plena inclusión en esa comunidad autónoma.  
- En Cataluña, Dincat reclama al Gobern que se implique en paliar los sobrecostes que ha generado la crisis sanitaria en los centros y servicios que gestiona.

Un significativo número de las 935 entidades que forman parte del movimiento asociativo de Plena inclusión están sufriendo con mayor dureza si cabe la grave crisis generada por la pandemia al no contar con el respaldo suficiente de las administraciones públicas con competencias en servicios sociales.

En los 4.000 centros y servicios de Plena inclusión, en los que se atiende a cerca de 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se están asumiendo sobrecostes generados por las medidas especiales de prevención frente a la pandemia que, en su mayor parte, no han sido compensados por las administraciones autonómicas que son competentes en materia de servicios sociales. También se viven situaciones de inseguridad jurídica ante decisiones de estas mismas administraciones que condicionan de forma determinante ciertas actividades que provocan desatención a personas especialmente vulnerables.

Desde la Junta  Directiva  de  la  mayor  organización  estatal  que  trabaja  con  personas  con discapacidad o del desarrollo (síndrome de Down, parálisis cerebral y TEA) y sus familias, lleva tiempo reclamando un mayor apoyo de las instituciones ya que la contratación de nuevo personal y un  incremento  importante  de  gastos  imprevistos  para  adaptar  todas  las  instalaciones  y  adquirir EPIs  representan  enormes  gastos  que  dejan  en  una  situación  crítica  a  miles  de  familias  que dependen del apoyo de Plena inclusión.

A  continuación,  se  muestran  las  reivindicaciones  de  cuatro  federaciones  autonómicas  de  Plena inclusión, que son ejemplo de lo que está sucediendo a otras muchas asociaciones del Estado:

CATALUÑA
Desde Dincat (Plena inclusión Cataluña), que agrupa a cerca de 300 asociaciones que apoyan a personas con discapacidad intelectual, se alerta de que el plan de contingencia de la Generalitat frente  al  COVID-10  respecto  a  los  servicios  de  atención  a  las  personas  con  discapacidad  es insuficiente  y  no  responde  a  las  necesidades  del  colectivo.  La  pérdida  de  ingresos  y  los sobrecostes que ha supuesto la crisis sanitaria para las entidades es muy elevada y el Gobern no ha asumido medidas que resuelvan estos problemas.

En concreto, el Gobierno de Cataluña ha respondido con unos incrementos en el importe de los módulos de los servicios que quedan muy lejos de la realidad que viven las entidades, cubriendo de media solo una cuarta parte del gasto real a partir de julio. Además, aún queda pendiente la recuperación de más de 10 millones de euros que supusieron los sobrecostes registrados entre marzo y julio. Se iban a cubrir mediante una subvención que aún no se ha publicado y a estas alturas  del año  hay  dudas  razonables  de que  se  cumpla  dicho  compromiso.  La  situación  actual pone en peligro la sostenibilidad de las entidades, que ya arrastran una infrafinanciación crónica.

COMUNIDAD VALENCIANA
Plena inclusión Comunidad Valenciana, que asiste a 7.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo denunciado el retraso de tres meses en el pago, por parte del Consell de la Generalitat Valenciana, de 1.157.250€ de subvenciones con las que apoyar programas que atienden a las necesidades de cientos de personas con discapacidad y problemas de salud mental.

CANTABRIA
 La supresión de los conciertos que tenían firmados las asociaciones de Plena inclusión Cantabria con Servicios Sociales de aquella Comunidad autónoma, ha llevado a una situación crítica respecto a la sostenibilidad económica a sus entidades. Por otra parte, se recuerda que la administración pública no ha reembolsado el dinero invertido en EPIS que tuvieron que poner las entidades durante el inicio de la crisis sanitaria. Ante lo sucedido, algunas entidades de Cantabria han optado por llevar la situación ante los tribunales por considerarla ilegal.

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