La confederación de 900 entidades que defiende los derechos de este colectivo justifica su demanda en el sobreesfuerzo económico que soportan estas familias
Plena inclusión España, la confederación que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de todo el Estado, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que reconozca la situación de sobreesfuerzo económico que viven las familias con un hijo o hija con discapacidad a su cargo, elevando la prestación que reciben.
Ante el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará este viernes, por decreto, la subida a 588€ de la prestación que aporta la Seguridad Social a las familias en situación de pobreza severa: con ingresos inferiores a 12.313€ anuales con hasta dos hijos a su cargo, o 18.532€ para familias numerosas; Plena inclusión reclama que no se limite esa cantidad para las familias con hijos e hijas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
“Estamos en la cola de Europa respecto a este tipo de prestaciones”, denuncia Enrique Galván, director de Plena inclusión España. “El Gobierno español tiene que apreciar el sobreesfuerzo económico que sufre una familia que sostiene a una persona con discapacidad intelectual y darle el apoyo que se merece”, subraya Galván.
La petición de la confederación que agrupa a más de 900 entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se fundamenta en los datos reflejados en el estudio de 2018 sobre prestaciones económicas de las personas con discapacidad intelectual, realizado por el prestigioso equipo de investigación dirigido por José Manuel Fresno.
En este exhaustivo análisis, que profundiza en cómo el sistema de protección social atiende las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, Plena inclusión propone una batería de medidas: aumento de las prestaciones económicas que ahora se conceden, hacer compatible estas ayudas con la percepción de rentas por trabajo, y la implantación de mejoras en la fiscalidad aplicada a personas con discapacidad intelectual.
La decisión que, según diversas fuentes, se apresta a tomar el Ejecutivo este viernes se une a un paquete de medidas de protección social entre las que se halla la aprobación de un convenio especial para cuidadoras y cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, una mejora que también ve necesaria Plena inclusión.