Entre quienes pelean por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual suele emplearse la expresión ‘derecho llave’ para referirse a uno que al cumplirse abre la puerta a otros derechos fundamentales.
Durante mucho tiempo, se ha señalado a la accesibilidad cognitiva como el ‘derecho llave’, aunque con la extensión masiva del uso de dispositivos y aplicaciones, la necesidad de entender y usar la tecnología pasa a convertirse en esa puerta que hay que abrir para conseguir una cita con el médico, acceder a una oferta de trabajo o presentar la declaración de la Renta.
Óscar Pueyo trabaja en el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog) como validador de textos en lectura fácil. Sin embargo, en su día a día tiene, Pueyo debe enfrentarse con las mismas barreras tecnológicas que el resto de las personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión.
“Siempre he tenido muchos problemas con la tecnología”, asegura. Y pone un ejemplo: “Pedir una cita médica por teléfono es muy complicado. Pero, todavía es menos accesible cuando la tienes que pedir a través del portal del paciente”.
Reducir la ‘brecha digital, con la que se enfrentan a diario las personas con discapacidad intelectual, fue, en 2023 el objetivo de Transformación Digital para la Inclusión (TDI), un proyecto liderado por Plena inclusión España.
Esta batería de 14 acciones que atendían a diversas necesidades detectadas, se inició en 2023 y se prolongó en este 2024 gracias a la financiación de fondos europeos Next Generation y el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Una brecha profunda
Los escasos datos existentes que aluden a la brecha digital con la que se enfrentan las personas con discapacidad parecen concluyentes. Sólo una de cada tres personas con discapacidad intelectual usa internet regularmente frente a las 8 de cada 10 de la población española.
Este dibujo de la situación que arroja la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2022, sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia demuestra que el acceso al uso de tecnologías online sigue siendo una asignatura pendiente para las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que hoy residen en nuestro país.
Desde el proyecto Transformación Digital para la Inclusión se decidió que una de las acciones fundamentales para corregir esta desigualdad debía ser la capacitación.
Así, se han programado 18 cursos presenciales en 6 comunidades autónomas en los que se han formado a casi 300 personas con discapacidad intelectual sobre competencias digitales.
En estos cursos también participaron 12 personas con discapacidad que ejercieron como ‘auxiliares de aula’, dando apoyo un valioso apoyo a quienes impartían la formación.
A esto, hay que añadir las píldoras de autoformación online sobre competencias digitales que siguieron otras 528 personas con discapacidad intelectual más a través de la web de Plena inclusión.
«En todas las actividades que hemos desplegado, hemos detectado un gran interés por participar y formarse. Sobre todo, entre las personas con discapacidad intelectual» reconoce Raquel Santos, técnica del equipo de coordinación de TDI.
Empleo y derechos
Otra de las líneas de aporte que se han desplegado desde el proyecto TDI ha sido el desarrollo de herramientas online que faciliten el camino de las personas con discapacidad intelectual hacia la consecución de derechos fundamentales.
Respecto al acceso al empleo, se ha renovado
y mejorado la App Empleo Accesible (EPA).
Esta aplicación permite contar con información actualizada sobre las convocatorias que se lanzan para opositar a empleos en administraciones públicas y que tienen como destinatarias a las personas con discapacidad intelectual.
Plena inclusión desarrolla una app que facilita a las personas con discapacidad intelectual información sobre nuevas ofertas de empleo público
En el marco de TDI también se ha creado una herramienta online que se llama LibRe.
Dirigida a profesionales de residencias, este instrumento práctico de contraste tiene como objetivo ayudar a evaluar las prácticas restrictivas con el fin de reducirlas o eliminarlas.
Hasta la fecha ya se han formado en el uso LibRe 585 profesionales de servicios residenciales de toda España, junto a 64 personas con discapacidad y 44 familiares.
Prueba ya la herramienta LibRe para reducir restricciones: cómo funciona y cómo se ha hecho
El director de Plena inclusión España justifica la relevancia del proyecto TDI: «una tecnología que promueve derechos, es inclusiva y permite a todas las personas tener oportunidades para alcanzar un proyecto de vida en comunidad, es una tecnología que construye una sociedad más justa».
Enrique Galván defiende la alianza con las empresas tecnológicas y con las administraciones públicas, «porque no podemos seguir excluyendo a las personas con dificultades de comprensión colocándoles barreras tecnológicas insalvables».
Asimismo, Galván ve en la inclusión tecnológica una oportunidad para que se amplíen las opciones de hallar un empleo para las personas con discapacidad intelectual ocupando puestos laborales, ahora casi inexistentes, como los de validación de nuevos dispositivos y aplicaciones.
