La reforma constitucional debe ser un impulso para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad intelectual

La reforma constitucional debe ser un impulso para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad intelectual

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• Mañana, el Congreso de los Diputados refrendará la reforma del artículo 49 que dejará de hablar de “disminuidos” para empezar a hacerlo de “personas con discapacidad”
• Desde Plena inclusión España se ve este acuerdo político sin precedentes como una oportunidad para mejorar la vida de 400.000 personas con discapacidad intelectual
• La confederación, que reúne a 950 asociaciones, anima a todas las organizaciones sociales a que defiendan denominaciones que eliminen los términos ofensivos del pasado

Madrid, 17 de enero de 2024.- Plena inclusión España entiende que la magnífica noticia de la reforma del artículo 49 de la Constitución debe ser un impulso para avanzar en el desarrollo de los derechos de las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven hoy en España. Para su presidenta, Carmen Laucirica, que es hermana y madre de dos personas con discapacidad intelectual, esta decisión que ha sido apoyada por la mayoría del Parlamento demuestra cómo la discapacidad es capaz de generar consenso social. Laucirica coincide con el CERMI y el resto de las organizaciones de la discapacidad en subrayar la satisfacción que produce “una medida que atiende a nuestra reivindicación histórica y que aporta mayor coherencia y dignidad al texto de la Carta Magna”.

Sin embargo, desde Plena inclusión se manifiesta el deseo de que los gestos se acompañen con hechos. “Necesitamos también cambios en nuestro día a día para superar las barreras que nos sigue poniendo esta sociedad”, recuerda Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y miembro de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.

La confederación estatal que apoya a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (parálisis cerebral, autismo y síndrome de Down, entre otros), explica que “la Constitución asume un lenguaje inclusivo que debe ir acompañada de más políticas públicas en apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

Desde Plena inclusión se recuerda que, pese a los significativos avances conseguidos en los últimos años, todavía hay derechos fundamentales como: la educación, el empleo, el acceso a la tecnología o a la vivienda, que no son iguales para todas las personas. “Nos comprometemos a luchar para conseguirlos, pero también a seguir colaborando con las administraciones públicas y los poderes del Estado para que más pronto que tarde, este sueño de plena inclusión sea un nuevo logro de una sociedad tan generosa como la española”.

Plena inclusión España empezó a existir 14 años antes de que se aprobara la Constitución Española. Fundada hace seis décadas, esta confederación que empezó con 10 asociaciones y que en 2024 cuenta con 950, también ha evolucionado al ritmo de la sociedad española. O, tal vez, al menos en el lenguaje, lo haya hecho un poco más rápido. De hecho, en 2016, su Asamblea decidió modificar el nombre FEAPS (que incluía referencias a palabras de otro tiempo) para adoptar la denominación más actual de Plena inclusión. Afortunadamente, aunque con algún retraso, mañana el Congreso de los Diputados también asumirá un cambio de terminología en el texto constitucional, sustituyendo en su artículo 49 el ofensivo “disminuidos”, por “personas con discapacidad”.