Plena inclusión ha lanzado una campaña
que se llama ‘El 2% es de ley’.
Se trata de una acción para convencer
a los ayuntamientos
y diputaciones provinciales
que la inclusión laboral es necesaria
para que la sociedad sea
más justa y diversa.
Silvia Muñoz es la persona responsable
del programa de Empleo inclusivo en
Plena inclusión España. Ella
ha dirigido esta campaña y cuenta
en este artículo por qué es
importante que las administraciones
públicas garanticen plazas suficientes
en sus oposiciones para las
personas con discapacidad intelectual.
Artículo para VOCES
Este artículo se publica
en la revista VOCES
del mes de noviembre.
VOCES es la publicación
informativa de Plena inclusión
que sale una vez al mes.
También recuerda que todavía
en España existe el prejuicio del
‘capacitismo’ que suele descalificar
a las personas con discapacidad
además de quitarles sus derechos
a una inclusión real.
Puedes leer el artículo completo
más abajo.
Este contenido está en lectura fácil.Una sociedad diversa se refleja en un empleo público inclusivo
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La administración pública debe ser tan diversa como la sociedad a la que sirve. Esta frase que he escuchado en repetidas ocasiones a representantes de administraciones públicas debe tener su reflejo en hechos concretos.
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad acaba de publicar su borrador de Comentario General al artículo 27 de la Convención, en el que se expone el derecho al empleo, y retoma la crítica al término “capacitismo”. Este término era definido por Catalina Devandas Aguilar, en su informe de 2019 como Relatora Especial de la Convención. El capacitismo habla de ese prejuicio social que nos hace creer que tener discapacidad es una desgracia que conlleva sufrimiento y genera desventajas.
No conozco otros países en los que exista una subcuota específica para personas con discapacidad intelectual como si ocurre en España. Lo que sí creo es que esta experiencia, unida a otras, permite que la administración pública de nuestro país vaya siendo cada vez más diversa. Además, a medio plazo influirá para que la visión capacitista de nuestra sociedad se vaya modificando, generándose imaginarios colectivos en los que las personas podemos ser diversas ya que todas tenemos talentos que aportar para construir sociedades más justas y solidarias.
La inclusión social y los cambios no se producen por sí solos. Esta constatación nos lleva a buscar los modos y maneras para impulsarlos. En el caso de las personas con discapacidad intelectual que ya están trabajando en la administración pública, es necesario que una vez que se incorporen al puesto de trabajo, cuenten con los apoyos que requieren para poder desarrollar su trabajo y comprender la cultura laboral en la que van a participar. Si esto no se facilita por parte de la administración, no será posible en todos los casos lograr que se modifique esta visión capacitista, y hacer que los talentos se manifiesten. Para prestar este soporte contamos con la metodología de ‘empleo con apoyo’ que tan buenos resultados genera en la empresa ordinaria y también en la administración pública, cuando se puede aplicar.
Existen más de 2 millones de empleados y empleadas públicas en nuestro país, de los cuáles 514.514 trabajan en la Administración General del Estado. Hasta el día de hoy contamos con 448 personas con discapacidad intelectual trabajando en esta administración pública. Aún queda mucho para garantizar una representación significativa de estas personas como empleadas públicas y no es por falta de ganas: la media de personas por plaza que se presentan a cada una de las convocatorias de la Administración General del Estado está en torno a las 14 por cada plaza ofertada. Pero si pensamos en las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo, nos quedamos desgraciadamente muy lejos de estas cifras.
Es necesaria una revisión de los sistemas de acceso al empleo público, pero también privado, y a los apoyos disponibles para trabajadores y trabajadoras, para que estas personas también puedan trabajar y aportar sus talentos. En el caso de las personas con mayores necesidades de apoyo contamos con la experiencia del empleo personalizado para fomentar su acceso a un puesto de trabajo. Y sin embargo, los procesos que existen para acceder al empleo en la administración pública son poco compatibles con los planteamientos de esta metodología de apoyo.
Junto a este cambio desde el prejuicio capacitista, ya se van dando cambios en las vidas de las personas que empiezan a trabajar en organismos públicos. ¿Quién se iba a imaginar que su hijo o hija con discapacidad intelectual iba a conseguir un trabajo, independizarse e irse a otra ciudad a trabajar? Eso ahora es una realidad y, de manera individual, se están produciendo transformaciones profundas en las vidas de personas que no podíamos imaginar hace tan solo 15 años. Hasta 2013, año en el que se celebró el primer examen adaptado para personas con discapacidad intelectual, presentarse a una oposición era, para estas personas, algo implanteable como opción laboral y ahora es una de las alternativas que más aceptación tiene. Resulta fundamental que sigamos apoyando estos procesos adaptados y específicos para personas con discapacidad intelectual porque transforman sus vidas y la realidad social.
