La ministra de Trabajo escucha las demandas de Plena inclusión sobre ayudas públicas para las familias con personas con discapacidad intelectual

Plena inclusión se ha reunido con la ministra de Trabajo.

Han pedido al Gobierno más ayudas públicas

para las familias con personas con discapacidad intelectual.

Todas ellas viven con un sobreesfuerzo económico.

Demandan adaptar en todas las comunidades autónomas

el acceso a la renta mínima para las personas con discapacidad intelectual.

También piden mejoras en la fiscalidad (impuestos) para este colectivo.

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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, se ha reunido este miércoles con Santiago López, presidente de Plena inclusión España, la confederación que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todo el Estado.

En esta entrevista, en la que López ha estado acompañado por Enrique Galván, director de la confederación, el máximo responsable de Plena inclusión ha trasladado a la representante del Gobierno de Pedro Sánchez las principales reivindicaciones de miles de familias que tienen a su cargo a personas con discapacidad intelectual. En su mayoría, estas familias sufren el sobreesfuerzo económico que conlleva atender las necesidades básicas de una persona con discapacidad intelectual sin contar con los apoyos públicos suficientes.

El presidente de Plena inclusión ha documentado sus peticiones en un amplio y riguroso estudio, realizado en 2018 por el reconocido equipo de investigación de José Manuel Fresno (quien también ha estado presente en la entrevista), sobre prestaciones económicas a personas con discapacidad en España. En este informe se subraya desgaste permanente que deben asumir estas familias para atender el día a día de la persona con discapacidad intelectual con la que conviven.

SOBREESFUERZO ECONÓMICO

Entre las reivindicaciones expresadas por los representantes de Plena inclusión España destaca la de adaptar en todas las comunidades autónomas las condiciones de acceso a la renta mínima para las personas con discapacidad intelectual afectada por especiales dificultades para la emancipación y vida independiente. De este modo se atendería a una de las recomendaciones que defiende el Comité de la ONU, en su último informe de seguimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

También se ha solicitado el aumento de las prestaciones económicas (como la de hijo a cargo), que ahora se conceden hacer compatible estas ayudas con la percepción de rentas por trabajo, y la implantación de mejoras en la fiscalidad aplicada a personas con discapacidad intelectual.

 “Todavía nuestro Gobierno tiene un largo camino por recorrer si se pretende atender a unas demandas que ya son contempladas por la mayoría de los países de nuestro entorno”, explica Santiago López, presidente de Plena inclusión España.

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